4 de mayo de 2025.-Morena y sus partidos aliados, el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Encuentro Social (PES), concentran la mayoría de los señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado en México durante los últimos diez años. De acuerdo con reportes de medios nacionales y filtraciones de inteligencia, gobernadores, alcaldes y legisladores de estas fuerzas políticas han sido señalados por tener nexos con diversos cárteles del narcotráfico.
Entre los casos más relevantes destacan los de los gobernadores Rubén Rocha Moya (Morena, Sinaloa), Ricardo Gallardo Cardona (PVEM, San Luis Potosí) e Indira Vizcaíno Silva (Morena, Colima), quienes han sido mencionados en investigaciones periodísticas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Zetas. Aunque en algunos casos las acusaciones no han derivado en procesos judiciales, los señalamientos han generado preocupación sobre la infiltración del crimen organizado en las estructuras de poder local y estatal.
Particularmente grave es el caso de Michoacán, donde al menos 10 presidentes municipales emanados de la coalición Morena-PT han sido señalados por presunta relación con grupos como Los Viagras y el CJNG. Nombres como Rosa Elia Milán (Cuitzeo), Ignacio Campos Equihua (Uruapan) y José Luis Téllez (Hidalgo) aparecen en reportes de inteligencia que vinculan a estos ediles con actividades delictivas.
También se han documentado vínculos en otras entidades, como Guerrero, donde la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández (Morena), fue captada en una reunión con un líder del grupo criminal “Los Ardillos”. En Chiapas, alcaldes del PVEM como José Antonio Villatoro (Frontera Comalapa) han sido detenidos por presunta complicidad con el narcotráfico.
Estos casos reflejan una preocupante tendencia en la que actores políticos de Morena y sus partidos aliados acumulan el mayor número de señalamientos por presuntos nexos con el crimen organizado, lo que plantea serias dudas sobre la limpieza de procesos electorales y la seguridad en regiones clave del país.
Pese a las constantes denuncias, la mayoría de estos políticos continúan en funciones, sin enfrentar consecuencias legales. Organizaciones civiles y analistas han urgido a las autoridades a investigar de fondo estos vínculos y garantizar que los procesos electorales y las estructuras de gobierno no sigan siendo permeadas por intereses delictivos.
