Por: Raúl Valencia Ruiz (@v4l3nc14).
27 de mayo de 2019.- El proyecto del gasoducto que se pretende instalar en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, a poco más de un año del anuncio de su realización, ha generado tensiones entre los habitantes al interior de la comunidad afectada y de éstos con las autoridades municipales por la falta de información al respecto y por el uso de la fuerza pública para la ejecución de la obra.
El lunes 13 de mayo de 2019, una manifestación pacífica de los opositores del gasoducto fue disuelta por trabajadores de la empresa que realiza la obra y por elementos de la Fuerza Única en Jalisco, lo que derivó en la detención de cinco personas; de las cuales, tres de ellas fueron trasladadas a la sede local de la Fiscalía y liberadas al día siguiente de su detención.
Ante este escenario, y ante la omisión del Estado en sus tres niveles de gobierno para garantizar a los pobladores de la comunidad indígena de San Juan Bautista de la Laguna, en Lagos de Moreno, Jalisco, su derecho a la información, a la consulta y a la participación en la construcción de un gasoducto, a cargo de la empresa Gas Natural del Noreste, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDT), conformó una Misión Civil de Observación de los Derechos Humanos, con el propósito de trasladarse a esa población alteña y entrevistarse con los habitantes de la comunidad afectada, así como con las autoridades locales, para la medicación y resolución del conflicto.
La Misión Civil de Observación de los Derechos Humanos
El domingo 26 de mayo de 2019, en las instalaciones del Centro Cultural Rosales de Santiago, en la zona centro de Lagos de Moreno, la Misión Civil de Observación de los Derechos Humanos convocó a una rueda de prensa en la que dio a conocer la agenda de actividades a seguir a lo largo del día, así como exponer la importancia de no minimizar los riesgos que un proyecto de estas características acarrea.
De igual forma, en voz de María González Valencia, representante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C., se destacó el hecho de que las afectaciones ocurren en varios niveles. Por lo que no sólo son las personas que viven cerca del gasoducto o los vecinos de la comunidad de La Laguna los interesados; sino que son todas y todos los habitantes de Lagos de Moreno quienes resultan afectados por la realización de un proyecto de esta naturaleza. De ahí la importancia de los derechos a la información, la consulta y la participación.
Luego de la rueda de prensa, los integrantes de la Misión, en compañía de representantes de los medios de comunicación y miembros de la sociedad civil, acudieron a la zona donde se realizan las obras del gasoducto. A lo largo del recorrido se pudo constatar que se incumplen algunas normas de protección civil, como la falta de señalética que advierta la presencia de zanjas y socavones o el uso de maquinaria pesada.
Aun más, muchas de las obras y la línea del gasoducto pasan al frente de varias viviendas sin que los vecinos hayan sido informados sobre la obra. Además, se realizó un recorrido hasta el lindero del agua para observar el estado actual de la Laguna.
Es importante señalar que a lo largo de la caminata, varios vecinos de La Laguna manifestaron su sentir entorno al proyecto, en su mayoría señalaron la falta de información sobre la obra, en lo que toca a sus riesgos y supuestos beneficios, así como se dijeron agraviados por las acciones de la Fuerza Única, quienes hostigan física y verbalmente a los viandantes en las inmediaciones de la obra.
Al final del recorrido por la zona afectada por el gasoducto y por el lindero de la laguna, la Misión participó en una Asamblea organizada por vecinos del pueblo de La Laguna, en donde se brindó información sobre los hallazgos de su visita y se ofrecieron charlas informativas sobre otras experiencias en defensa del territorio y en contra de megaproyectos energéticos.
Juan Carlos Flores, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Morelos, expuso la similitudes entre el Pueblo de la Laguna y otras poblaciones, como la de Cholula, Puebla, donde también existe un número importante de personas dedicadas a la elaboración de ladrillos e, igualmente, han emprendido un movimiento en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM), que consiste en la construcción de dos termoeléctricas en la comunidad de Huexca y un gasoducto de 160 kilómetros de longitud que atraviesa más de 60 comunidades campesinas en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Un conflicto socioambiental
De acuerdo con la investigación que especialistas como Darcy Tetreault, Cindy McCulligh y Carlos Lucio han realizado en México, «los llamados conflictos socioambientales no sólo se han multiplicado en México, sino en el resto de Latinoamérica y en otras partes del mundo. Conforme se han ido estudiando se ha acrecentado su importancia política, ecológica, cultural, social y hasta civilizatoria.
Hoy, los conflictos socioambientales conforman escenarios donde colisionan dos concepciones del mundo radicalmente opuestos, pues las resistencias locales y regionales mantienen, e incluso construyen, modos alternativos de vivir y sobrevivir en equilibrio con la naturaleza». A esta definición corresponde el conflicto que ha surgido en el Pueblo de La Laguna, debido a que la resistencia de sus habitantes se enmarca en un proceso a escala estatal, nacional e internacional.
Durante la Asamblea informativa que se realizó en el Pueblo de La Laguna, Alejandra Jiménez, Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Veracruz, explicó que por sus características, el gasoducto que se pretende instalar en Lagos, es una ramificación más de la red de gasoductos que corren a lo largo del país. No obstante, por sus dimensiones, no significa que no implique un riesgo para la población.
En el manifiesto de impacto ambiental, se debe señalar que un gasoducto de hasta 8″ (ocho pulgadas) de diámetro, tiene un área de riesgo de 400 metros alrededor. Además, lo que otras experiencias en el resto del país han arrojado, es que los beneficios de la instalación de estos gasoductos sólo son para la empresas que abastecen; no existe una disminución en los costos del gas, ni se hace más eficiente su distribución. Mientras que los riesgos y afectaciones que traen consigo los gasoductos, son exclusivamente para los pobladores afectados.
Estas características son las que han dado lugar a la irrupción de los conflictos y los movimientos socioambientales que, al día de hoy, ocurren en varias partes del país; debido a que los costos sociales, culturales y ambientales de los megaproyectos son asumidos por el grueso de la población, mientras que los beneficios, mayormente económicos, son para los propietarios del capital.
En esta lógica han surgido movimientos de resistencia a los megaproyectos como los de las termoeléctricas en Huexca, el Tren Maya en la Península de Yucatán, los campos eólicos en el Istmo de Tehuantepec o las mineras en San Luis Potosí.
Así, al enmarcar su legítimo derecho a cuestionar e incluso oponerse a la realización del gasoducto, los pobladores de San Juan Bautista de la Laguna, se inscriben en un escenario mucho más complejo, en el que comunidades, asociaciones y redes de resistencia a los megaproyectos fijan los límites al gran capital en defensa de los bienes comunes, como lo son los ríos, los lagos, las montañas y, en general, todo aquello que garantiza los medios de nuestra propia existencia.