Por: Polemón
17 de octubre de 2018.- A unos días de que termine el sexenio, Enrique Peña Nieto y su gabinete buscan blindarse contra las investigaciones penales del Gobierno de Chihuahua en su contra.
La Consejería Jurídica de la Presidencia presentó el 11 de octubre ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional para protegerse de posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales contra funcionarios federales.
“La solicitud y emisión de órdenes de aprehensión existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones”, es uno de los actos reclamados en la demanda presentada por el gobierno de Peña Nieto.
Enrique Peña Nieto. Foto: Especial
El gobierno de Peña Nieto reaccionó de esta manera, luego de las amenazas lanzadas el 28 de septiembre pasado por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, por el caso del ex secretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, a quien la Fiscalía estatal acusó por un peculado de 250 millones de pesos de recursos federales pero fue liberado porque la Procuraduría General de la República (PGR) se desistió.
“Lo puedo decir con absoluta certeza: aunque haya hecho lo que haya hecho Peña Nieto para proteger a Gutiérrez y a (el ex Gobernador) César Duarte, no se va a ir impune, no quedará impune”, prometió Corral ese día
“Tarde que temprano la justicia lo va a alcanzar a él. Y es muy probable que sea la propia justicia de Chihuahua”, añadió el gobernador de extracción panista.
Nunca antes el Poder Ejecutivo había presentado una demanda de este tipo, de acuerdo con información del diario Reforma.
La controversia del Ejecutivo está firmada por el consejero jurídico de la Presidencia Misha Granados y trata de impedir la intervención de Corral “directa o indirecta, pública o privada, actual o inminente, en investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen actuales o anteriores funcionarios públicos federales”.
El priista Alejandro Gutiérrez con Manlio Fabio Beltrones.
El caso Gutiérrez
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez fue detenido en Saltillo, Coahuila, el 20 de diciembre del año pasado. El gobierno de Javier Corral lo acusó de haber cometido un presunto peculado agravado por 250 millones de pesos, de los cuales 246 se triangularon, supuestamente, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacia la administración del ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez.
La triangulación del dinero se hizo mediante empresas fantasmas con el fin de entregarle el dinero al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para las campañas estatales del 2016, en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.
A Gutiérrez Gutiérrez también se le abrió otra investigación por haber entregado un millón 740 mil pesos a una empresa propiedad del ex senador Manlio Fabio Beltrones por servicios que nunca prestó.
