12 de junio de 2026.-Se destapó la cloaca del Gobierno de Tonalá. El alcalde de Morena, Sergio Chàvez, no pudo ocultar más el negocio familiar que mantiene en el rastro de Tonalá al entregar la operación a una empresa creada por sus hermanos, de aceurdo a una investigación del Diario Mural y señalamientos en el Congreso de Jalisco.
El tema fue puesto a discusión en el Congreso y en vez de generar una indignación unánime, los legisladores del partido Hagamos (creado por Raúl Padilla y el grupo que controla la Universidad de Guadalajara), defendieron al Alcalde de Tonalá con el argumento de que ellos son aliados de Morena, entre otros.
Todo inició por un tema de insalubridad y daños al medio ambiente: el rastro de Tonalá había venido operando fuera de la ley, provocando contaminación ambiental con sus residuos, al grado de que fue clausurado por la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA).
Y aquí empieza el conflicto de intereses:
En enero de 2024 el Cabildo de Tonalá aprueba el cierre total y definitivo de las instalaciones mediante el acuerdo 977. En esa misma sesión, se autoriza explorar el esquema de Asociación Público-Privada (APP) y se anuncia que la empresa ligada a los hermanos del alcalde ya había “manifestado interés” en participar.
La empresa se llama “Valor en Alimentos Cárnicos SA de CV” teniendo como socios fundadores a tres hermanos del presidente municipal, Sergio Chávez Dávalos, y a un socio administrador.
El 27 de febrero de 2024 el Ayuntamiento aprueba formalmente otorgarle la concesión a la empresa por un plazo máximo de 25 años. De acuerdo con la denuncia presentada por la diputación de Movimiento Ciudadano, los hermanos del presidente municipal salen de la empresa exactamente 27 días después de que se aprobara la Asociación Público Privada en el Cabildo.
Esto significa que el gobierno pone una parte del dinero y una empresa privada pone otra, a cambio de que la empresa pueda operar y ganar dinero con el rastro durante 25 años.
Pero al meter a la empresa fundada por sus hermanos se viola la Ley de Asociaciones Público-Privadas, que prohíbe contratar con empresas si los familiares fueron accionistas en los dos años previos.
Aún hay más:
Para que este tipo de tratos sean legales, la empresa privada está obligada a pagar al menos el 35% del valor total del proyecto y MC argumenta que en lugar de poner dinero en efectivo, la empresa decidió aportar un terreno.
El terreno primero dijeron que valía alrededor de 2.8 millones de pesos, pero luego en el Gobierno Municipal lo consideraron como si valiera casi 25 millones de pesos (un aumento inventado del 1,100% en solo ocho meses)
Al inflar el precio, la empresa fingió que estaba cumpliendo con su 35% de la Asociación con el Gobierno Municipal sin tener que invertir dinero real.
Como la empresa privada se quitó de encima la responsabilidad de poner dinero en efectivo aportando un terreno sobrevalorado, a alguien le tocaba poner el dinero faltante para construir el rastro. Ese alguien fue el gobierno morenista de Sergio Chávez-
Sin una justificación clara, el Ayuntamiento aumentó el dinero público que iba a gastar, pasando de 18 millones a 35 millones de pesos y básicamente los ciudadanos de Tonalá terminan financiando el 93.5 por ciento de todo el proyecto.
En este contexto, el 8 de junio pasado el alcalde Sergio Chávez, emprendió una campaña para enfrentar críticas de sitios de información: acudió personalmente a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia formal contra quien resulte responsable por la supuesta campaña en su contra que se realiza en redes sociales.
La Asociación Público Privada de Tonalá con la empresa de los hermanos del alcalde debe aprobarse por el Congreso de Jalisco y si bien ya estaba este proceso iniciado, ante el escándalo la diputada de Hagamos, Valeria Ávila buscó proteger al Alcalde Morena retirando la solicitud de aprobación.
El escándalo estalló en el pleno del Congreso cuando la diputada Montse Pérez Cisneros (del partido Movimiento Ciudadano) señaló que la empresa elegida para este negocio millonario había sido fundada por tres hermanos del propio alcalde, y aunque los hermanos supuestamente se salieron de la empresa unos días después de que el gobierno aprobara el negocio, la ley dice claramente que el gobierno no puede contratar a una empresa si los familiares del alcalde fueron socios en los últimos dos años.
Los diputados de Hagamos y Morena cerraron filas para defender el proyecto, minimizando las irregularidades documentadas mientras la legisladora de MC evidenció un claro conflicto de interés no declarado: tres hermanos del presidente municipal Chávez Dávalos fueron socios fundadores de la empresa y salieron de la sociedad apenas 21 meses antes de la segunda iniciativa del negocio del rastro, incumpliendo así el plazo legal de dos años que exige el Artículo 52 de la Ley de Compras estatal.
Además, se señaló que el dictamen avalado por el cabildo de Tonalá contenía información falsa sobre los accionistas de la contraparte privada, citando a socios como Alejandro Martín Álvarez, quien no aparece en ninguna escritura del Registro Público de Comercio.
La irregularidad financiera más alarmante se centró en el terreno denominado “El Potrero Negro”. Según el documento presentado en el pleno, el predio tiene un valor real de 2.8 millones de pesos en el Registro Público, pero fue declarado en la APP con un valor de 24.8 millones de pesos, lo que representa una sobrevaloración del 1,100 por ciento sin contar con un avalúo pericial.
Al inflar este valor, la empresa privada simuló alcanzar sus obligaciones financieras. En realidad, el ente privado aporta solo el 7.3 por ciento del proyecto, incumpliendo el mínimo legal del 35% establecido en el Artículo 2, fracción I de la LPIPSEJ. En consecuencia, el municipio terminaría financiando el 93.5 por ciento del proyecto, y no el 59 por ciento que se había declarado.
A la par de esta maniobra, la empresa eliminó su compromiso de aportar 15 millones de pesos en efectivo. Para compensarlo, y sin un dictamen técnico adicional, el Tesorero Municipal, Mtro. Iván Antonio Peña Rocha, aumentó injustificadamente la aportación con dinero público del Ayuntamiento de 18 millones a 35 millones de pesos, obligando al municipio a asumir 17 millones adicionales mientras la empresa solo aporta un predio sobrevaluado.
Tonatiuh, el perro guardián
Lejos de exigir transparencia o condenar el presunto conflicto de interés, el partido Hagamos asumió un papel de férrea defensa del gobierno morenista. El diputado Tonatiuh Bravo fue el principal vocero de esta postura, justificando el proceso y desestimando las pruebas del avalúo inflado presentadas en el pleno.
Bravo argumentó que la pausa en la aprobación del dictamen de la APP no se debía a un descubrimiento de corrupción, sino a que se retiró para realizar “revisiones técnicas” con las Secretarías de Hacienda estatal y federal para asegurar los registros.
Para evadir los cuestionamientos sobre los hermanos del alcalde, el legislador de Hagamos acusó a Movimiento Ciudadano de orquestar un ataque mediático por urgencias de carácter político-electoral.
Además, Tonatiuh Bravo reivindicó desde la tribuna el motivo de su lealtad política en este caso, sentenciando sin tapujos su orgullo por participar en una coalición con Morena.
A esta defensa se sumó la diputada de Hagamos Valeria Ávila, quien justificó que los municipios de oposición recurren a las APPs porque se encuentran “asfixiados financieramente”.
La justificación de Hagamos generó fuertes reclamos en la sesión. La diputada Montse Pérez Cisneros tomó el micrófono para reprochar el encubrimiento de sus compañeros de curul: “Es lamentable ver a Hagamos haciéndole la chamba sucia a Morena intentando justificar algo que es injustificable, un acto de corrupción y de nepotismo”.
Por su parte, la diputada Mónica Magaña (MC) evidenció la gravedad de lo que la coalición intentaba solapar: “en Tonalá quieren convertir un servicio público en un negocio familiar con dinero de las y los tonaltecas y me parece muy lamentable que Hagamos venga a buscar defender esa gravedad”.
Ante la contundencia de las cuatro irregularidades documentadas, Movimiento Ciudadano, en voz de Montserrat Cisneros planteó un exhorto al Ayuntamiento de Tonalá exigiendo cinco acciones inmediatas antes de que el Congreso pueda volver a ingresar la iniciativa:
1. Realizar un avalúo pericial independiente del predio “El Potrero Negro”, acreditado ante el Pleno.
2. Presentar una acreditación fehaciente de la composición accionaria vigente de la empresa ante el Congreso.
3. Entregar una justificación técnica del Tesorero Municipal sobre los criterios que permitieron el aumento de 18 a 35 millones de pesos.
4. Emitir una declaración pública de ausencia de conflicto de interés de todos los funcionarios involucrados.
5. La integración del expediente completo conforme a la LPIPSEJ.
