Pablo Lemus busca responsabilidad ambiental de los bancos de materiales

Lemus Navarro ha vinculado esta iniciativa a su compromiso con la Agenda 2030 de la ONU, argumentando que "no podemos ser líderes en innovación si destruimos nuestra base natural"

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24 de noviembre de 2025.–En un contexto de tensiones presupuestales y prioridades ambientales, el gobernador Pablo Lemus Navarro defiende con vehemencia la creación de un nuevo impuesto sobre la extracción de materiales del suelo y subsuelo, incluido en el Proyecto de Ley de Ingresos del Estado para 2026.

Esta medida, que busca financiar la restauración de ecosistemas degradados, ha desatado un pulso entre el Ejecutivo estatal y los sectores industrial y de la construcción, quienes advierten de un impacto directo en los costos de obra y la competitividad de Jalisco.

Mientras el gobierno la presenta como un paso necesario hacia la sustentabilidad, empresarios la tildan de “ecocidio económico” que podría frenar el motor productivo del estado.

La propuesta, enviada al Congreso local a mediados de noviembre, gravaría la extracción de recursos no renovables como arena, grava, caliza y agregados pétreos –insumos básicos para la producción de concreto, asfalto y cimentaciones en proyectos públicos y privados–.

Según el paquete económico 2026, los recursos recaudados se destinarían íntegramente a un fideicomiso especial para la remediación de suelos, reforestación y acciones contra la degradación ambiental. Este instrumento fiscal se enmarca en un presupuesto estatal con recortes del 15% en inversión pública y un énfasis en el gasto social (56% del total), lo que ha amplificado las críticas de un sector que ve en él un golpe adicional a su operatividad.

El gobernador Lemus Navarro ha posicionado este impuesto como una respuesta a décadas de extracciones irregulares que han dejado cicatrices en el territorio jalisciense.

Durante una entrevista el 20 de noviembre, Lemus enfatizó la necesidad de regular prácticas predatorias que benefician a unas pocas empresas a costa del patrimonio natural del estado.

“Hemos detectado extracciones abusivas en bancos de materiales; llegan, escarban y se van sin remediación”, declaró el mandatario, subrayando que el gravamen no es un castigo generalizado, sino un mecanismo para “compensar las anomalías de las grandes empresas” que operan sin responsabilidad ambiental.

En Campeche, un tributo similar ha financiado restauraciones sin paralizar la industria extractiva. El secretario de Hacienda estatal, detalló que los fondos del fideicomiso priorizarían zonas críticas como la Sierra de Tapalpa y el Bajío, afectadas por hundimientos y erosión.

Lemus ha refrendado que “el recurso irá a un fondo especial de restauración de suelos y reforestación”, insistiendo en que esta medida alinea a Jalisco con metas nacionales de descarbonización y protección de recursos hídricos.

El gobernador ha llamado al diálogo con el Legislativo, donde la propuesta avanza en comisiones de Hacienda y Medio Ambiente. “Es una herramienta ecológica esencial para la sustentabilidad de Jalisco, nuestro oasis de inversión”, argumentó Lemus, evocando su visión de un estado que integra crecimiento económico con preservación ambiental, un pilar de su campaña de 2024.

La base ambiental de la propuesta radica en la alarmante degradación de suelos que Jalisco enfrenta por extracciones no reguladas. Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), el estado ha perdido más de 5 mil hectáreas de cobertura vegetal en la última década debido a bancos de materiales operados sin planes de mitigación, lo que agrava la erosión, la contaminación de acuíferos y la vulnerabilidad a inundaciones en zonas metropolitanas como Guadalajara y Zapopan.

El impuesto podría generar hasta 500 millones de pesos anuales para el fideicomiso, suficientes para restaurar al menos 2 mil hectáreas en 2026.

“Estas extracciones dejan cráteres que tardan siglos en recuperarse; el impuesto obliga a internalizar el costo ambiental, promoviendo prácticas circulares”, explica la bióloga María Elena López, investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), quien ha documentado impactos en la cuenca del Río Santiago.

El gobierno cita estudios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que vinculan la sobreexplotación de agregados pétreos con la reducción del 20% en la recarga de mantos freáticos en regiones como Los Altos.

Lemus Navarro ha vinculado esta iniciativa a su compromiso con la Agenda 2030 de la ONU, argumentando que “no podemos ser líderes en innovación si destruimos nuestra base natural”. La justificación gana eco en organizaciones como Greenpeace México, que aplauden la medida como “un paso audaz contra la minería informal”, aunque piden mecanismos de transparencia para evitar desvíos en el uso de fondos.

Los empresarios se resisten

El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Jalisco han alzado la voz en un rechazo que no toma en cuenta los costos ambientales, sino que se centra en que habría un encarecimiento del 3% al 5% en los costos de construcción.

Antonio Lancaster Jones, coordinador del CCIJ, fue tajante en su crítica: “Nosotros no estamos de acuerdo en este impuesto ecológico a la extracción de materiales; esto significaría una pérdida de competitividad; sería incrementar entre un 3% y un 5% el costo de la construcción”.

En un posicionamiento público el 19 de noviembre, el CCIJ cuestionó el paquete económico general, destacando que el 7% destinado a desarrollo económico contrasta con el 56% para gasto social, y exigió eliminar el gravamen para “reforzar la inversión pública estratégica y equilibrar el gasto”.

Por su parte, la CMIC Jalisco, que representa a más de 1,200 empresas constructoras, expresó “profunda preocupación” en un comunicado del 21 de noviembre. Juan Manuel Chávez, presidente de la delegación, argumentó que materiales como arena y grava “no son opcionales y representan la base de toda obra pública y privada”.

En redes sociales, la CMIC compartió: “Coincidimos en el objetivo ambiental, pero es indispensable analizar impactos y asegurar una aplicación justa y fiscalizable para el sector”. Advierten que el impuesto podría paralizar viviendas asequibles y obras de infraestructura, en un estado que genera el 7.5% del PIB nacional en construcción.