Por: Marco Gallardo
03 de junio del 2019.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco respaldó a los habitantes de San Juan Bautista de La Laguna en su defensa contra la introducción de una línea de gas natural por su comunidad, al considerar que se estarían violando leyes nacionales y tratados internacionales.
Fue la tarde de este lunes cuando el máximo organismo de defensa de los derechos humanos del estado se pronunció en contra de las actuaciones que están teniendo tanto el Gobierno de Jalisco como el Gobierno Federal, además de pedir al gobierno municipal que garantice la legalidad del proyecto.
Al Gobierno federal le reprocha la autorización de la obra sin tomar en cuenta que pasa por territorio de una comunidad indígena, ya que se han firmado tratados internacionales, que son ley en México, como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que entre otras cosas obliga a que se consulte a los pueblos originarios cuando exista una obra que afecte su territorio.
Respecto al Gobierno de Jalisco cuestiona la actuación que ha tenido a través de la Policía Estatal respaldando las obras a pesar de la negativa de habitantes de esa comunidad indígena.
En un comunicado se explica que la propia Comisión Estatal ha recibido diversos documentos que avalan al colectivo residente de la comunidad de San Juan Bautista de la Laguna como un “pueblo originario/pueblo indígena”; argumento que en más de una ocasión ha puesto en duda el director de Desarrollo Urbano municipal, Julio Lovio.
“Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco ha recibido documentación que se encuentra en el archivo de instrumentos públicos del estado y testimonios que permiten identificar propiedad y permanencia en un territorio, así como elementos históricos y culturales, reconocidos tanto por los pobladores de la comunidad de San Juan Bautista de la Laguna como por las propias autoridades del municipio de Lagos de Moreno, de que los peticionarios conservan su territorio, identidad como pueblo originario, expresiones sociales, autoridades propias, usos y costumbres, además de que se asumen como un pueblo indígena, lo cual se fundamenta en el principio de autoadscripción, previsto en el artículo 2º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que versa sobre el derecho y responsabilidad de los pueblos y personas indígenas a definir su pertenencia a estas colectividades, y no una prerrogativa que pueda arrogarse el Estado”, explica el documento.
En el siguiente párrafo el documento abona que, toda clase de proyecto que “genere un impacto sobre la vida de las personas o comunidades que en ellos habitan”, debe ser ejecutado después de la realización de una consulta popular, la cual prevenga cualquier clase de vulneración a los derechos humanos sus habitantes.
De igual forma, en su quinto párrafo la CEDHJ explica lo siguiente:
“La obra en cuestión involucra tanto a autoridades de la Federación, tales como: la Secretaría de Energía, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; como a autoridades del municipio en donde se pretende llevar a cabo el proyecto, las cuales han expedido permisos que, con independencia de si son o no procedentes, han pasado por alto la obligación de atender los preceptos legales mencionados“
En sus últimos dos párrafos la comisión hace énfasis en que el Gobierno del Estado de Jalisco ha obviado los mecanismos para fomentar el dialogo entre los pobladores y la empresa Gas Natural del Noroeste. Aunado a esto, el documento cuestiona la utilización de la fuerza pública del Estado para sofocar una “manifestación legítima de los inconformes con el proyecto”.
“Es por ello que esta CEDHJ solicita a las autoridades del Gobierno del Estado de Jalisco, a las autoridades municipales de Lagos de Moreno, e incluso a las autoridades federales, para que, bajo el principio de máxima protección, pluriculturalidad y respeto a los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas, garanticen la aplicación de la legalidad en el proyecto del gasoducto que atraviesa la comunidad indígena referida. Actuar en sentido contrario refuerza la exclusión y discriminación de la que han sido objeto de manera histórica”, finaliza el pronunciamiento.
*Lee el pronunciamiento completo aquí
