27 de febrero de 2026.-Los dos diputados de la zona Altos Norte, Mayra Palomar y Tecutli Gómez, votaron a favor de la reforma laboral para reducir de 48 a 40 horas semanales pero la morenista se opuso a que la ley contemple dos días de descanso obligatorio, mientras que el diputado Tecutli Gómez los exigió todo el tiempo.
Al final la aplanadora de Morena se impuso y si bien la reforma laboral en términos generales se aprobó por todos los partidos para bajar la jornada, MC y el PRI no consiguieron que en la votación de artículos específicos se incluyeran dos días de descanso obligatorio y tampoco pudieron frenar el abaratamiento de las horas extras que Morena impuso Morena para favorecer a los empresarios.
Cómo fue
La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del 25 de febrero de 2026 la reforma constitucional al artículo 123 (apartado A) que reduce gradualmente la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales, con implementación plena hasta 2030.
En lo general, el dictamen obtuvo 469 votos a favor (unanimidad), pero en lo particular —donde se discutieron reservas clave— se avaló con 411 votos a favor y 58 en contra, principalmente de diputados del PRI y Movimiento Ciudadano (MC).
La reforma establece una transición escalonada: 48 horas en 2026, 46 en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030. Mantiene el derecho constitucional a “por lo menos un día de descanso por cada seis días trabajados” con goce de salario íntegro, sin incorporar explícitamente el esquema de dos días de descanso (cinco días laborales por dos de descanso), que era una demanda central de la oposición.
Además, se regulan las horas extras con un tope máximo (hasta 12 horas semanales pagadas al doble y cuatro al triple), lo que críticos como MC y PRI interpretan como un “abaratamiento” al extender el umbral antes del pago triple y permitir mayor flexibilidad para las empresas.
La postura de Mayra Palomar (Morena)
La diputada Mayra Dolores Palomar González intervino en tribuna defendiendo el dictamen tal como estaba.
Calificó la reforma como “justicia histórica” y un avance firme que pone en el centro la dignidad de las y los trabajadores, reduce la fatiga acumulada por décadas de jornadas extensas y alinea a México con estándares internacionales de productividad y bienestar.
Enfatizó que “la vida no debe ser sólo trabajar” y celebró el cumplimiento del compromiso de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum. Argumentó que la gradualidad es responsable para no afectar abruptamente a las PyMEs y que el cambio toca el “corazón” de la Constitución. Votó a favor en lo general y particular, alineada con la mayoría de Morena y aliados.
La postura de Tecutli Gómez (Movimiento Ciudadano)
El diputado Tecutli Gómez (MC), parte de la Bancada Naranja, criticó duramente el dictamen y votó en contra en lo particular. Exigió una reducción inmediata a 40 horas con dos días de descanso obligatorios por ley y por el mismo salario, sin aplazamientos hasta 2030
MC presentó múltiples reservas para incorporar el modelo 5×2 (cinco días laborales y dos de descanso) y limitar estrictamente las horas extras, argumentando que sin estos elementos la reforma es una “simulación” que no garantiza equilibrio real entre vida laboral y personal, ni dignifica el trabajo ni protege la salud. Acusó que la versión aprobada favorece a los empresarios al diluir el beneficio inmediato y abaratar potencialmente las horas extras.
El debate y el resultado
El punto central del desacuerdo fue la negativa de la mayoría (Morena y aliados) a aceptar reservas de PAN, PRI y MC que buscaban fijar constitucionalmente los dos días de descanso y ajustes más estrictos a las horas extras.
La oposición calificó la gradualidad como un retraso injusto y el mantenimiento del “un día por seis” como insuficiente para un verdadero fin de semana libre. Morena defendió que la reforma establece un piso mínimo sólido, dejando detalles de distribución (como posibles dos días de descanso) para leyes secundarias o contratos colectivos.
La reforma ya fue enviada a las legislaturas locales para su ratificación (necesita aprobación en al menos 17 estados).
