Por: Paola Campbell (@paocampbell) / Polemón
10 de abril de 2018.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mostró los avances de una investigación realizada para determinar los desvíos de recursos por más de 3 mil 500 millones de pesos, que estaban destinados a apoyar a campesinos beneficiarios de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Imagen tomada del sitio web de Carlos Loret de Mola
Fue en el programa de radio “Sin Anestesia”, de Carlos Loret de Mola, donde se dio a conocer que presuntamente se habían puesto en marcha tres distintos métodos para lograr la malversación de los recursos presupuestales:
1.- La falsificación de campesinos mediante huellas dactilares clonadas, es decir, que en los padrones de beneficiarios sí aparecían distintos nombres y direcciones, pero se detectó que se repetía la misma huella dactilar cientos de veces.
2.- La “doble mesa”, que consistía en instalar dos mesas en cada pueblo que visitaba la Sagarpa. En la primera, los campesinos firmaban haber recibido una cantidad de apoyo determinada pero, al pasar a la segunda mesa, se les entregaba sólo un porcentaje. El apoyo faltante simplemente desaparecía.
3.- Al igual que en “La Estafa Maestra” se hizo entrega de recursos a universidades, supuestamente para realizar investigaciones que favorecieran al campo. En este método están involucradas tres instituciones de Zacatecas que nunca llevaron a cabo los trabajos para los que según eso fueron contratadas.
Según Loret de Mola, la ASF tiene en la mira a dos funcionarios por este caso: el operador, Ricardo Aguilar Castillo, quien en ese tiempo era subsecretario estrella de Sagarpa, quien es candidato a diputado federal del PRI en el Estado de México.
También estaría involucrado el que fuera titular de la dependencia, José Calzada Rovirosa, hoy dirigentes del Movimiento Territorial del PRI.
El ex titular de la Sagarpa, José Calzada y Enrique Peña Nieto. Foto: Especial
Investigando las cadenas productivas del atún donde ni siquiera lo conocen
Un ejemplo de cómo se pagó a universidades por investigaciones falsas es el de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la cual decidió investigar sobre las cadenas productivas del atún en el litoral del Pacífico, y para lo que recurrió a Miguel Ángel Martínez y otros ocho hombres que conforman la Cooperativa Ejido Palmar, un grupo de pescadores artesanales que trabajan en el Golfo de México y que no conocen el atún.
Según indican, su pequeña lancha sólo les permite alejarse unos cuantos kilómetros de la costa, por lo que cuando pescan, sus redes atrapan pez jurel, sierra o camarones siete barba, pero nunca atún.
Los hombres dijeron que en 2015 varias personas de la universidad visitaron la cooperativa para realizar la investigación, indicándoles que no tendría ningún costo para ellos. Les pidieron los papeles de su organización y se fueron.
Meses después un biólogo les llevó impreso el estudio que les habían mencionado, un documento que fue elaborado con información de ocho sitios de internet especializados en pesca, según la ASF.
La investigación indicó que para realizar esta investigación la Sagarpa habría pagado 7 millones de pesos, mismos que deberían haber sido usados para incentivar la producción pesquera, pero de los cuales, ninguno de los hombres menciona haber visto ni en efectivo, insumos u obras en su beneficio.
La Sagarpa, en la mira desde hace tiempo
La institución fue una de las tantas que se vieron involucradas en “La Estafa Maestra”, investigación que realizaron Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, y mediante la cual se dio a conocer que el Gobierno federal había desviado más de 3 mil 433 millones de pesos a través de más de 128 “empresas fantasma”, por medio de universidades e instituciones públicas.
Rosario Robles es una de las principales involucradas en La Estafa Maestra, pues los desvíos que presenta fueron hechos durante su periodo al frente de la Sedesol, una de las instituciones más involucradas en el escándalo. Foto: Facebook
La investigación arrojó que en aquél desvío de recursos participaron 11 dependencias federales, entre las que destaca la Secretaría de Desarrollo Social, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y, por supuesto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
