8 de julio de 2026.-Aunque el debate sobre la participación de la iniciativa privada en proyectos de agua ha cobrado fuerza en distintas entidades del país, lo cierto es que el Gobierno Federal ha impulsado desde hace años diversos proyectos hídricos mediante esquemas de asociación público-privada (APP) en los que empresas participan en la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura, mientras la propiedad de las obras permanece en manos del Estado.
Uno de los casos más emblemáticos es la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco, en Hidalgo, considerada una de las más grandes de América Latina y encargada de tratar gran parte de las aguas residuales provenientes del Valle de México.
El proyecto fue desarrollado mediante una APP de largo plazo, en la que un consorcio privado diseñó, construyó y actualmente opera y da mantenimiento a la planta.
En Baja California Sur, el proyecto de Mejoramiento Integral de la Gestión del Agua de Los Cabos contempla la modernización de redes hidráulicas, la reducción de fugas, la rehabilitación de infraestructura y la operación del sistema mediante un esquema de participación privada.
En la misma entidad, el Gobierno Federal también impulsa una nueva planta desaladora bajo un modelo de inversión público-privada.
La participación privada en infraestructura hidráulica también se observa en Baja California, donde la planta desaladora de Ensenada fue desarrollada mediante un esquema APP que incluye su construcción, operación y mantenimiento por un periodo determinado.
En Sonora existen antecedentes similares, como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Hermosillo y la desalinizadora Guaymas-Empalme, ambas desarrolladas con contratos de largo plazo que contemplan la construcción, operación y mantenimiento por parte de empresas especializadas.
Además de estos proyectos ya en operación, el Programa Nacional Hídrico contempla nuevas obras estratégicas para fortalecer el abasto de agua en distintas regiones del país, entre ellas la desaladora de Rosarito, el Acueducto Ciudad Victoria II, la presa Tunal II, así como nuevos acueductos para Campeche, Colima, Guanajuato y Veracruz, varios de los cuales consideran la participación de inversión privada en diferentes etapas de su desarrollo.
Estos proyectos muestran que las asociaciones público-privadas forman parte de las herramientas utilizadas por el Gobierno Federal para desarrollar infraestructura hidráulica de gran escala, particularmente en obras que requieren inversiones millonarias y esquemas de operación y mantenimiento de largo plazo.
