Viernes 16 de enero de 2026.-La crisis política por el aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco alcanzó su punto álgido este jueves. Mientras el Congreso del Estado —con el impulso del bloque opositor conformado por Futuro, Hagamos, Morena y el PT— aprobó formalmente la solicitud de un referéndum para frenar el alza, el Gobierno de Jalisco ha cerrado la puerta de inmediato, calificando el recurso como “improcedente” y una maniobra política sin sustento legal.
El conflicto gira en torno al decreto que eleva la tarifa técnica de los actuales $9.50 a 14.00 pesos, monto que entraría en vigor en su totalidad en abril de 2026, aunque el Ejecutivo promete mantenerla en 11.00 pesos para quienes utilicen la nueva “Tarjeta Única al Estilo Jalisco”, operada por la empresa privada Broxel.
Durante la ríspida sesión extraordinaria de este jueves 15 de enero, las diputadas de Futuro, Tonantzin Cárdenas y Mariana Casillas, lograron sumar los votos necesarios de la oposición para aprobar el acuerdo legislativo que solicita al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) la activación del mecanismo.
El argumento central de la oposición es que el aumento es desproporcionado frente a la calidad del servicio y que la condición de usar una tarjeta bancaria privada (Broxel) para acceder al subsidio vulnera derechos de los usuarios.
“No somos provocadores, estamos a favor de que el pueblo hable y determine cómo y en qué condiciones se da este servicio. El transporte no puede ser un negocio a costa de la gente”, señaló en tribuna el diputado del PT, Leonardo Almaguer, defendiendo la viabilidad de la consulta.
Por su parte, la bancada de Morena ha advertido que, paralelo al referéndum, impulsarán juicios de amparo colectivos y movilizaciones sociales, calificando la medida como un golpe directo a la economía familiar.
La respuesta desde Casa Jalisco fue contundente. A través de la Secretaría General de Gobierno y voceros de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), la administración estatal desestimó la procedencia del referéndum basándose en la Ley del Sistema de Participación Ciudadana.
El argumento jurídico del Gobierno es que la tarifa del transporte tiene una naturaleza contributiva y fiscal, áreas que la ley explícitamente excluye de ser sometidas a consulta popular. Además, sostienen que el Congreso carece de facultades para someter a referéndum acuerdos administrativos del Ejecutivo que derivan de dictámenes técnicos del Comité de Validación.
La diputada de MC y presidenta de la Comisión de Hacienda, Gabriela Cárdenas, fue tajante al señalar la inviabilidad de la propuesta opositora:
“Es inviable. La iniciativa que proponen plantea algo totalmente ilegal, que está fuera de las facultades del Congreso. El referéndum que solicitan es respecto a un acuerdo técnico sobre costos operativos crecientes, no una decisión política que pueda votarse”, declaró Cárdenas a medios locales.
El Ejecutivo defiende que el costo real de operación es de 14 pesos y que el Estado está haciendo un esfuerzo fiscal inédito para subsidiar 3 pesos por viaje mediante la Tarjeta Única, congelando el costo en 11 pesos durante el sexenio.
El debate se ha enturbiado aún más por los cuestionamientos hacia el contrato con la fintech Broxel. La oposición exige transparencia sobre por qué una empresa privada gestionará el sistema de prepago y los datos personales de millones de usuarios, mientras que la Condusef ha emitido recientemente evaluaciones reprobatorias sobre la atención al cliente de dicha empresa, dato que los legisladores de Hagamos han utilizado para atacar la credibilidad del nuevo modelo.
La pelota está ahora en la cancha del IEPC de Jalisco. Los consejeros electorales deberán sesionar en los próximos días para dictaminar si la solicitud cumple con los requisitos de forma y fondo.
Si el IEPC aplica el criterio estricto de la “improcedencia fiscal”, la solicitud será desechada, lo que previsiblemente detonará una nueva ola de protestas convocadas por colectivos universitarios y barriales que ya se organizan en redes sociales bajo el lema “No al Tarifazo”.
Datos
Aumento: De 9.50 a 14.00 (general) / $11.00 (con tarjeta).
Fecha clave: Implementación total prevista para abril de 2026.
Actores clave a favor del Referéndum: Tonantzin Cárdenas (Futuro), Leonardo Almaguer (PT), Morena.
Argumento en contra (Gobierno/MC): Improcedencia legal por tratarse de materia fiscal/contributiva (Gabriela Cárdenas).
Elemento polémico: Contrato con la empresa Broxel para la “Tarjeta Única”.
