14 de noviembre de 2025.-Los policías que fueron sentenciados por la desaparición forzada de cuatro jóvenes en Lagos de Moreno, serían estatales y no municipales ya que no hay registro de los culpables en la policía de ese municipio, y los señalamientos de tres jóvenes que sobrevivieron aseguraron que fueron detenidos por elementos estatales.
Un juez federal sentenció ayer a 40 años de prisión a cuatro expolicías por su responsabilidad en la desaparición de cuatro jóvenes originarios de San Luis Potosí, ocurrida hace cuatro años.
Los condenados –Erick Irineo Hernández Larios, Óscar Abascal Polito, Juan Manuel Márquez de la Paz y Seyed Muhammad Husain Martínez Orozco– fueron declarados coautores del delito de desaparición forzada por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especial de Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) y la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos (FEMDH).
La sentencia fue dictada el 13 de noviembre tras un juicio oral.
Los hechos remontan al 26 de julio de 2021, cuando Caleb Adonai Maldonado Monciváis (18 años), Israel Andrade Hernández (20 años), Alan Michel Martínez Vargas (24 años) y Jorge Rodríguez Ortiz (24 años) –todos empleados de la empresa de construcción MYSI– viajaban en una camioneta Ford Ranger roja desde Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, hacia Tonalá, Jalisco, para un trabajo temporal en la edificación de un motel.
Alrededor de las 15:00 horas, el grupo se detuvo en una tienda Oxxo en la carretera entre Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz. Los jóvenes fueron acusados de un asalto a la tienda y detenidos por elementos policiales por supuestamente no portar placas en el vehículo.
Tres de los 7 jóvenes fueron liberados tras hallarles “drogas y armas” que habrían sido sembradas, pero cuatro más, provenientes de San Ñuis Potosí, fueron entregados a un grupo armado presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La última señal de sus celulares se registró en una bodega de la colonia Agua Caliente, en Lagos de Moreno. Desde entonces, las familias han enfrentado extorsiones constantes –llamadas exigiendo hasta 50 mil pesos o boletos para Tijuana a cambio de “información”– y vigilancia por parte de policías estatales durante sus visitas a la zona.
La intervención federal fue clave: tras protestas de colectivos como Voz y Dignidad por los Nuestros SLP y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la FGR atrajo el caso en septiembre de 2021, clasificándolo como desaparición forzada –un delito que implica la detención ilegal por autoridades o con su complicidad.
Los expolicías, detenidos en mayo de 2022, enfrentaron pruebas como testimonios, peritajes balísticos y geolocalizaciones que demostraron su participación directa en la detención y entrega de las víctimas al crimen organizado.
No obstante, el colectivo Voz y Dignidad y familiares han alertado sobre inconsistencias en la identificación de los responsables. A pesar de las afirmaciones oficiales de que eran “policías municipales de Lagos de Moreno al momento de los hechos”, no existirían registro alguno en la nómina o archivos públicos de la corporación municipal que confirme su empleo.
“La fiscalía local desestimó pruebas iniciales y hubo vigilancia estatal sobre nosotras; esto huele a encubrimiento más amplio”, declaró una familiar de una de las víctimas, quien prefirió no identificarse.
Para las familias, la sentencia es un “avance a medias”. “No descansaremos hasta encontrar a Calep, Israel, Alan y Jorge vivos”, afirmó María Pérez Rodríguez, del colectivo Voz y Dignidad, en un comunicado reciente. Memoriales en San Luis Potosí y manifestaciones anuales mantienen viva la memoria, pero critican la lentitud en la búsqueda física y la posible omisión de pistas por autoridades jaliscienses.
