15 de mayo de 2024.-En el momento que debía estar más fuerte, siendo el final de la campaña, Claudia Delgadillo está tirando por la borda su candidatura al Gobierno de Jalisco debido a su falta de integridad y compromiso con Morena.
Su pasado político, estrechamente ligado al PRI y a figuras cuestionables de ese partido como Alejandro Moreno y Enrique Peña Nieto, continúa persiguiéndola y generando dudas sobre su autenticidad como representante en Jalisco del movimiento de la 4T.
Ella fue operadora del difunto gobernador priista Aristóteles Sandoval y en 2018 también coordinó la campaña en Jalisco de José Antonio Meade, por lo que a Claudia Delgadillo le tocó enfrentar a Andrés Manuel López Obrador, de quien hoy se dice fan.
Esa energía la sigue persiguiendo a medida que avanza la campaña electoral para enfrentarse a las urnas abanderando a la Coalición llamada “Juntos Sigamos Haciendo Historia”, integrada por MORENA, Hagamos, Futuro, Partido Verde y PT, responsabilidad que no ha podido cargar debido a sus limitaciones.
Llegar tarde, en estado inconveniente o no llega
Durante la campaña electoral, Delgadillo ha sido objeto de críticas debido a su desempeño errático, la falta de conexión con los ciudadanos y un desinterés por parte de los jaliscienses hacia su candidatura, lo que ha generado dudas sobre su capacidad para liderar el estado de Jalisco.
Y es que en el discurso la ex priista no es capaz de articular de manera congruente y concreta sus propuestas, ni en los debates, ni tampoco en sus mítines electorales que ha realizado en sus recorridos por Jalisco, recorridos en los que ha demostrado una incapacidad para captar la atención de los ciudadanos.
En cada mitin ha dejado de patente su nerviosismo, poca preparación o incluso el desdén hacia los asistentes, con una grosera impuntualidad o de plano dejándolos plantados.
Han sido precisamente esos mítines políticos los que han terminado por mostrarla de cuerpo entero: una candidata sin preparación, y no acompañada por el morenismo.
Un incidente notable ocurrió durante el último debate en Puerto Vallarta, organizado por el Instituto Electoral de Jalisco, donde Delgadillo cometió el error de expresar que “iba a robustecer la corrupción en la entidad”, generando controversia y cuestionamientos sobre su capacidad para liderar el estado.
Un día después, en un mitin realizado en San Sebastián del Oeste, se presentó en estado inconveniente, con problemas para articular su discurso al punto que su propio equipo tuvo que intervenir para evitar un acto más escandaloso.
A pesar de que se le observaba de manera evidente en estado de ebriedad, ella lo negó asegurando que no podía tomar, pero luego se le vio en un video bebiendo con un conductor en una entrevista y su propio médico aseguró que sí podía tomar alcohol.
También en sus negativos se suma el hecho de que la mayoría de sus actos de campaña han estado desangelados y con poca asistencia.
Una candidata opaca
La opacidad en sus declaraciones patrimoniales también ha sido motivo de preocupación.
A este punto de la campaña no es desconocido que diversos medios de comunicación, estatales y nacionales evidenciaron la falta de transparencia de la candidata quien intentó ocultar en sus declaraciones patrimoniales la posesión de una residencia en el exclusivo fraccionamiento Puerta de Hierro de Zapopan, valuada en más de 60 millones de pesos.
El inmueble fue ocultado desde el 2013 cuando fue adquirido aunque mágicamente apareció en su más reciente declaración patrimonial, donde se detalla que la residencia tiene un área de 405 metros cuadrados y 250 metros de construcción.
Destaca que Delgadillo fue diputada federal de Jalisco por el PRI de 2012 y 2015; legisladora local de 2015 a 2018; regidora del Ayuntamiento de Guadalajara en el período 2018 a 2021 y nuevamente diputada federal por Jalisco entre 2021 y 2024.
Sin embargo, llama la atención que esta propiedad no fuera reconocida tampoco durante su gestión en la 65 Legislatura.
La casa se mantuvo en la opacidad, fuera de sus declaraciones patrimoniales anteriores, a pesar de que era una obligación legal declarar todas sus posesiones, debido a que la Ley General de Responsabilidades Administrativas le obligaba a realizar dicha declaración patrimonial, ya que era funcionaria pública.
No fue sino hasta casi 10 años después, que en su reporte de 2023 apareció dicha finca, la cual, dijo, fue adquirida por 5.5 millones de pesos en 2014; pero en su más reciente declaración patrimonial de marzo 2024, señala que la compró el 18 de junio de 2013 y muestra un valor de 4.8 millones, lo que implica una disminución en su valor en un 12.7 por ciento.
Esta diferencia de precio contrasta con los valores catastrales de la zona, donde únicamente un terreno de tamaño similar en dicho fraccionamiento puede llegar a valer hasta 4 millones de pesos, lo que ha levantado sospechas sobre su transparencia y honestidad.
